Santo Domingo.– El Ministerio Público ha develado un amplio esquema de corrupción administrativa que habría operado entre militares, civiles y funcionarios públicos, facilitando contratos millonarios a la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase) a cambio de sobornos por un monto superior a RD$108 millones, según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
De acuerdo con el expediente, los pagos irregulares se canalizaron hacia empleados y autoridades de instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las distribuidoras eléctricas Edenorte, Edesur y Edeeste.
El documento, que supera las 450 páginas, describe cómo la red habría manipulado los procesos de contratación desde la elaboración de los términos de referencia hasta la supervisión de los servicios contratados, garantizando así la adjudicación continua de contratos sin obstáculos. El Ministerio Público sostiene que entre 2012 y principios de 2025, Senase entregó comisiones equivalentes entre un 5 % y un 10 % del valor de cada factura estatal, las cuales fueron pagadas tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias.
Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la PEPCA, explicó que la investigación que dio origen a la Operación Lobo se apoya en más de 500 elementos de prueba, incluyendo documentos, testimonios, peritajes y materiales físicos, que respaldan la solicitud de prisión preventiva por 18 meses como medida de coerción para diez imputados.
“El Ministerio Público ha estructurado un expediente sólido, sustentado en evidencia contundente que demuestra el modus operandi de esta estructura corrupta”, afirmó Ortiz al salir del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se celebró la primera audiencia de conocimiento de la medida de coerción.
La audiencia fue encabezada por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Durante la sesión, los abogados de la defensa solicitaron un aplazamiento para examinar el voluminoso expediente de acusación. En respuesta, la jueza decidió posponer el conocimiento de la medida para el lunes 14 de julio a las 2:00 p.m.
La operación, liderada por el procurador adjunto Wilson Camacho, ha sido presentada como un caso emblemático en la lucha contra la corrupción pública en República Dominicana. El Ministerio Público ha reiterado su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando que este tipo de esquemas serán enfrentados con todo el peso de la ley.
El impacto de este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los procesos de contratación pública, especialmente en áreas sensibles como seguridad, salud y servicios básicos. También plantea serias preguntas sobre los mecanismos de supervisión institucional, dado que las irregularidades habrían persistido por más de una década sin ser detectadas.
La ciudadanía espera que este proceso judicial marque un precedente en la lucha contra la impunidad y que se fortalezca la cultura institucional del cumplimiento de las normas. La evolución de este caso será determinante para evaluar la efectividad de las políticas anticorrupción del Estado dominicano.
