Coroneles activos, generales retirados y empresarios se encuentran entre los 14 detenidos por el Ministerio Público tras destaparse una presunta red que compraba contratos de seguridad privada mediante sobornos en instituciones públicas. La llamada Operación Lobo sacude nuevamente la lucha contra la corrupción en República Dominicana.
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución, ejecutó 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y Santiago. Las acciones contaron con el despliegue de 26 fiscales y 189 agentes de la Policía Nacional, resultando en la detención de 14 personas, entre ellas altos oficiales militares en activo y en retiro, así como empresarios del sector de seguridad privada.
Las investigaciones apuntan a una estructura que manipulaba procesos de contratación en entidades estatalesmediante la entrega de sobornos, logrando así adjudicarse y mantener contratos millonarios en:
-
Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi)
-
Seguro Nacional de Salud (Senasa)
-
Edenorte
-
Edeeste
-
Edesur
Según el Ministerio Público, esta red afectaba directamente los recursos públicos al inflar o desviar fondos destinados a servicios esenciales, comprometiendo la eficiencia y legalidad del gasto público.
La denuncia inicial fue presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), encabezada por la doctora Milagros Ortiz Bosch, quien reiteró el compromiso del gobierno con la transparencia y la integridad institucional.
Los detenidos permanecen en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras el Ministerio Público se prepara para solicitar medidas de coerción. Se les imputan violaciones al Código Penal Dominicano y a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, entre otras disposiciones legales.
Perspectiva
La Operación Lobo no solo expone las vulnerabilidades del sistema de contrataciones públicas, sino también el grado de complicidad institucional que puede alcanzar la corrupción. ¿Será este un punto de inflexión para el fortalecimiento de la ética en la gestión estatal?
¿Qué te pareció la noticia? Déjanos tu comentario más abajo
