Santo Domingo. – El Ministerio Público de la República Dominicana arrestó este jueves a Antonio Espaillat López, propietario de la discoteca Jet Set, y a su hermana Maribel Espaillat, en el marco de una investigación por homicidio involuntario relacionado con el colapso del techo del establecimiento, hecho que provocó 236 muertes y dejó más de 180 personas heridas.
La orden de arresto fue gestionada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y fue autorizada por la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
“Los imputados mostraron una inmensa irresponsabilidad y negligencia al no intervenir adecuadamente el techo de la discoteca, lo que desencadenó una tragedia evitable”, señala el expediente judicial.
Negligencia grave y presión sobre testigos
Según el Ministerio Público, tanto Antonio como Maribel Espaillat omitieron acciones clave de mantenimiento y reparación, a pesar de estar advertidos sobre el estado crítico del techo de la discoteca. Las autoridades sostienen que los propietarios fallaron en brindar condiciones mínimas de seguridad, poniendo en peligro la vida de empleados y asistentes al centro de diversión.
Además, la acusación incluye intentos de intimidar y manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., operadora del Jet Set Club, quienes podrían fungir como testigos clave en el proceso judicial.
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Próximos pasos legales
Ambos imputados fueron citados al despacho del procurador Camacho para ser interrogados, tras lo cual se procedió a su arresto formal. Serán presentados en las próximas horas ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se solicitarán medidas de coerción.
La tipificación legal de la acusación se fundamenta en el Artículo 319 del Código Penal Dominicano, que sanciona el homicidio involuntario por negligencia o descuido.
Contexto del caso Jet Set
El desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido hace poco más de un mes, ha sido una de las mayores tragedias urbanas recientes en la República Dominicana. El caso ha generado un profundo debate sobre la responsabilidad empresarial y la fiscalización de estructuras de uso público, así como sobre la actuación de las autoridades municipales y estatales en la prevención de este tipo de hechos.
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