Santiago, República Dominicana. – El comunicador Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez deberá enfrentar estrictas medidas de coerción por difamación e injuria, tras una decisión tomada por la jueza Yiberty Polanco Herrand, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago.
Martínez fue arrestado el domingo en un hotel del Distrito Nacional luego de no comparecer ante la fiscalía de Santiago, lo que motivó su traslado forzoso para responder por una querella interpuesta por el empresario Arnulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, quien se constituyó como actor civil en el proceso.
Las medidas impuestas incluyen:
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Presentación periódica ante las autoridades
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Impedimento de salida del país
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Colocación de un grillete electrónico
El fiscal litigante Elvin Ventura explicó que el caso está sustentado en los artículos 16, 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Estas normativas tipifican como delitos el chantaje, la difamación y la injuria pública cuando son cometidos a través de medios electrónicos. Además, se consideran los artículos 307 y 400 del Código Penal dominicano, que abordan la amenaza y el chantaje.
Múltiples querellas en su contra
Además de este proceso judicial, Ángel Martínez enfrenta otras acusaciones similares en el Distrito Nacional, donde el juez Julián Vargas, de la Segunda Sala Penal, le impuso medidas de presentación periódica e impedimento de salida por una querella previa.
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Entre las personas que han presentado acciones legales por difamación contra Martínez se encuentran:
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Roberto Fulcar, exministro de Educación
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Faride Raful, ministra de Interior y Policía
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Milagros Decamps Germán, ex viceministra de Medio Ambiente
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Gregorio Domínguez, diputado
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Sergio Moya, diputado
Estos casos forman parte de un patrón creciente de denuncias por parte de figuras públicas, quienes aseguran que el comunicador ha divulgado informaciones falsas y perjudiciales en distintos espacios digitales.
Precedente en delitos tecnológicos
Este caso representa un precedente importante para la persecución de los crímenes y delitos cometidos en medios electrónicos, especialmente en un contexto donde las redes sociales se han convertido en plataforma para denuncias, pero también para agresiones digitales sin fundamento.
El Ministerio Público busca establecer responsabilidad penal en el uso indebido de plataformas digitales, a fin de proteger la honra, la imagen y la integridad de las personas, incluso cuando estas son figuras públicas o funcionarios del Estado.
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