El comercio formal es uno de los pilares más sólidos de la economía dominicana: genera empleo, aporta a la seguridad social, paga impuestos y sostiene el consumo interno. Sin embargo, opera en condiciones adversas, enfrentando una competencia desleal creciente y una presión tributaria desproporcionada. No pide incentivos ni privilegios, solo reglas claras, cumplimiento para todos y un terreno de juego equilibrado. Su reclamo no es por beneficios, sino por justicia.
Magín J. Díaz
Cuando se habla de los sectores pujantes de la economía dominicana siempre son mencionados el turismo, las zonas francas, la construcción y la industria. Pero pocos se refieren a la importancia del comercio, a pesar de que los datos sobre esta área son contundentes.
Después de la construcción, el comercio es la actividad económica con mayor peso en el Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana (12.2% en 2022-2024), por delante de sectores tan relevantes como la industria (local y de zonas francas), hoteles, bares y restaurantes y el sistema financiero.
Dejando de lado al sector público, el comercio es la actividad que más empleos formales genera: 16% del total de los trabajadores formales del sector privado.
En la misma línea, el comercio formal es, dentro del sector privado, la actividad que más aporta a la Seguridad Social: En 2024, aproximadamente el 15% del total de aportes al sistema provino de este sector.
En el ranking de actividades económicas según recaudación que elabora la DGII, el comercio ocupó el segundo lugar en 2023, último año publicado, aportando el 10% de los ingresos recaudados por el fisco, solo por detrás del sistema financiero, que representó el 10.6%.
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En resumen, el comercio formal es uno de los sectores de mayor peso en la economía dominicana, uno de los que más impuestos paga, el mayor generador de empleos formales y es la actividad privada que más aporta a la Seguridad Social. Pero a pesar de su importancia, este sector se ha venido desempeñando en un contexto claramente adverso.
Para empezar, enfrenta una presión tributaria sectorial muy alta: 1.5 veces superior al promedio de la economía. Es decir, el sector comercio paga un 50% más de impuestos que el promedio de la economía. Y esto no son impuestos retenidos. Son los impuestos con los que efectivamente carga el sector. Es en lo que en el argot técnico se conoce como la incidencia económica del impuesto.
La competencia desleal que supone el comercio informal es significativa y es estructural. En efecto, la informalidad laboral en el comercio en la última década ha sido, en promedio, de 63%, con muy poca volatilidad.
A diferencia de otras actividades que son casi totalmente informales, el comercio formal convive con el enemigo: por cada ocupado en el comercio formal hay 1.7 ocupados en el comercio informal.
Después de la pandemia, el comercio informal ha ganado terreno. Mientras que el número de ocupados en el comercio formal en 2024 fue el mismo que en 2019 (pre-pandemia), los ocupados en el comercio informal crecieron más de 10% entre ambos años.
Adicionalmente, el comercio formal debe soportar la competencia desleal estimuladas por algunas normativas. Comparto dos ejemplos:
Por un lado, el régimen de compras en el exterior libres de impuestos de paquetes de bajo valor es el más generoso de América Latina, con diferencia. Pese a los intentos de derogarlo o hacerlo menos generoso, sigue vigente, sin importar que está en retroceso en todo el mundo.
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Por otro lado, está la Gracia Navideña, un instrumento autóctono, exclusivo de RD, casi una marca-país. Son varios los países de la región en los que el peso de las remesas es alto y a ninguno se le ha ocurrido retribuir a la diáspora con una exoneración de este tipo que, además, es frecuentemente ampliada (con discrecionalidad) en plazos y montos.
Desde hace años el comercio formal enfrenta la competencia de las pacas y mudanceras, sectores que, si bien ofrecen al consumidor productos a bajo precio, lo hacen por la escasa regulación y la violación de regulaciones básicas a la vista de todos los gobiernos.
Otro problema que crece como la espuma es el de la competencia desleal de los comerciantes de origen chino, la cual ha sido denunciada por los principales gremios empresariales del país. Y aunque claramente no es un problema nuevo, la percepción es que ha aumentado exponencialmente luego de la pandemia.
Estos negocios históricamente se diseminaban en actividades como “Restaurantes y Cafeterías”, “Tiendas por Departamentos” y “Prendas de Vestir.” Sin embargo, ya han proliferado en otras actividades importantes como “Ferreterías”, “Fabricación de Plásticos”, entre otros. Es decir, están penetrando a todas las actividades de la economía con una versatilidad que ya han mostrado en otros países.
En estos años se juntaron el hambre y las ganas de comer: un Gobierno enfrentando un choque de inflación y la oportunidad que brinda este comercio de ofrecer productos a muy bajo precio. Y eso está muy bien, siempre y cuando éstos cumplan con las regulaciones, no solo tributarias y de seguridad social, sino de propiedad intelectual, permisología de construcción, regulaciones sanitarias, entre otras.
Pero la denuncia reiterada de los comerciantes locales es que simplemente no cumplen. Y precisamente el mismo Gobierno validó esta denuncia unos días antes de las elecciones de mayo pasado, anunciando con bombos y platillos no solo el cierre sino la fiscalización de algunos de estos comercios en los que, de acuerdo con las mismas autoridades, se encontraron numerosos incumplimientos.
El desplazamiento del comercio formal por el informal implica menores salarios, pérdida de protección social de los trabajadores (cotizaciones para salud y pensiones), lo que agrava la desigualdad; pérdida de recaudación tributaria; y menor encadenamiento del comercio.
El comercio formal no pide incentivos ni privilegios, solo reglas claras, cumplimiento para todos y un terreno de juego equilibrado. Su reclamo no es por beneficios, sino por justicia.
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