En un memorando firmado el viernes y divulgado este sábado, la administración del presidente Donald Trump estableció nuevas directrices dirigidas a sancionar a abogados y firmas legales que interpongan demandas contra el Gobierno de Estados Unidos.
El documento ordena al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional que impongan sanciones a quienes presenten litigios considerados frívolos, irrazonables o vejatorios contra la administración. Según el memorando, estas acciones buscan evitar lo que Trump ha calificado como un uso indebido del sistema legal en temas migratorios.
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Además de las sanciones legales, el memorando instruye a la fiscal general, Pam Bondi, a remitir a la Casa Blanca los nombres de los bufetes que presenten este tipo de demandas. Como consecuencia, estas firmas podrían perder credenciales y contratos gubernamentales, una medida que incrementa la presión sobre abogados que representan casos de inmigración y derechos civiles.
Respuesta de la ACLU
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) expresó su rechazo a la medida en un comunicado. Cecillia Wang, directora legal nacional de la organización, afirmó que la orden representa un intento de silenciar a los abogadosque buscan exigir responsabilidades al Gobierno.
«Esta acción del presidente es un ataque sin precedentes a la libertad y la democracia», señaló Wang.
Desde el inicio del mandato de Trump el 20 de enero, su administración ha emitido una serie de órdenes ejecutivas que han sido objeto de demandas en los tribunales federales. Actualmente, se registran más de 100 litigios contra diversas medidas, muchas de ellas relacionadas con temas migratorios.
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Uno de los casos más relevantes en curso es la impugnación judicial contra la política de negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados o con visados temporales nacidos en Estados Unidos.
Expansión del Poder Ejecutivo
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha gobernado principalmente mediante órdenes ejecutivas, buscando expandir el poder del Ejecutivo y enfrentándose abiertamente al poder judicial. Esta estrategia ha generado una serie de conflictos con los tribunales federales, que en diversas ocasiones han fallado en contra de sus medidas.
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El memorando publicado este sábado se enmarca en un contexto de tensión entre el Gobierno y los defensores de derechos civiles, quienes han manifestado su preocupación por las repercusiones de esta orden sobre la independencia judicial y el derecho a la defensa legal en Estados Unidos.
