En un intento por poner freno a la proliferación de prácticas ilegítimas en su plataforma, Meta ha iniciado una serie de acciones legales contra individuos que ofrecen servicios considerados “no autorizados” de compraventa de cuentas y restablecimiento de perfiles de Instagram. Esta iniciativa representa la primera vez que la compañía impulsa acciones legales de este tipo en Estados Unidos, lo que subraya la determinación de Meta por defender sus términos de servicio y proteger la integridad de su plataforma de redes sociales.
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El punto de partida de estas demandas se centra en dos casos concretos. El primero involucra a Daniel Folger, un fotógrafo y empresario al que Meta acusa de haber vendido nombres de usuario de Instagram y de haber ofrecido servicios no autorizados de restablecimiento de cuentas. De acuerdo con la demanda presentada en California, Folger comenzó este tipo de actividad en 2022 y supuestamente continuó hasta febrero de 2025. Los precios de los nombres de usuario habrían oscilado entre 700 y 50.000 dólares (entre 675 y 48.180 euros), dependiendo de la codiciada rareza y popularidad del nombre en cuestión. La compañía además lo señala por supuestamente haber “conspirado” con un contratista de Meta, utilizando indebidamente el canal interno de apelaciones para reactivar una cuenta previamente inhabilitada.
En paralelo, Meta también presentó una demanda contra Idriss Qibaa, a quien acusa de ofrecer servicios no autorizados que supuestamente permiten inhabilitar cuentas de Instagram y restablecerlas a conveniencia. Además, se le atribuye la venta de “servicios de interacción falsa”, destinados a incrementar de forma artificial el número de seguidores y la interacción en determinadas cuentas. La acusación incluye referencias a un pódcast de 2024 en el que Qibaa afirmó ser un “profesional” en la desactivación y reactivación de perfiles, al tiempo que habría descrito presuntos esquemas de extorsión contra múltiples víctimas.
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Según la documentación de los casos presentados, Meta está decidida a perseguir este tipo de actividades hasta las últimas consecuencias. En declaraciones a Business Insider, un portavoz de la compañía señaló que se contemplan “todas las opciones de aplicación y medidas legales para proteger a las personas en nuestras plataformas”. Concretamente, la compañía ve en estos servicios no autorizados una clara vulneración de sus políticas, ya que promueven la alteración de la experiencia del usuario y generan un mercado secundario donde se violan los términos de uso de Instagram.
El fenómeno de la compraventa de cuentas, así como la venta de interacciones falsas y los secuestros de perfiles, no son sucesos nuevos. Durante años, han surgido grupos en redes sociales donde usuarios ofertaban cuentas monetizadas o con cierto historial de seguidores, abriendo la puerta a prácticas poco éticas y a situaciones de acoso digital. Incluso se han reportado incidentes en los que ciberdelincuentes secuestran cuentas de Instagram para luego exigir rescates a sus legítimos propietarios. Sin embargo, el paso que está dando Meta con estas demandas marca un hito, al menos en el contexto de la aplicación de la ley en territorio estadounidense.
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Algunas personas observan estas acciones con interés, preguntándose si marcarán un antes y un después en la forma en que las grandes plataformas tecnológicas manejan la compraventa de nombres de usuario y la manipulación de cuentas. No son pocos los que consideran que el mercado clandestino de Instagram depende en gran medida de la capacidad de los infractores para soslayar los sistemas de seguridad y verificación. Si estas demandas logran imponerse de manera contundente, es posible que sirvan como un fuerte mensaje disuasorio para todos aquellos que ofrezcan o busquen este tipo de servicios.
Por ahora, ni Folger ni Qibaa han emitido declaraciones públicas defendiendo su posición. Mientras que en el caso de Qibaa se espera un juicio penal para mayo, Folger no respondió a las solicitudes de comentario sobre las acusaciones. Habrá que ver cómo evolucionan los procedimientos judiciales y si, efectivamente, las sentencias resultantes consiguen disminuir la actividad ilícita en torno a la compraventa y manipulación de cuentas de Instagram.
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