La Suprema Corte de Justicia (SCJ) anunció este martes la apertura de un proceso de consulta pública sobre la modificación del reglamento de la Ley 339-22, normativa que habilita y regula el uso de medios digitales en los procedimientos judiciales y administrativos del Poder Judicial. La consulta estará vigente hasta el 26 de febrero.
Entre los cambios propuestos destaca la implementación de un sistema de carpetas digitales organizadas por materia y jurisdicción, lo que permitirá una gestión integral de los expedientes judiciales. Con esta herramienta, los documentos se integrarán automáticamente a la carpeta digital correspondiente en el tribunal donde se realice el trámite, evitando duplicidad de gestiones y agilizando los procesos.
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Además, la reforma prevé la incorporación de un sistema en línea para el pago de tasas e impuestos judiciales, con transferencias automatizadas a las instituciones competentes y la emisión digital de un registro civil en los casos aplicables. Esta digitalización garantizará trazabilidad e interoperabilidad en los procesos administrativos.
Las decisiones judiciales firmadas digitalmente tendrán plena validez jurídica, eliminando la necesidad de copias físicas certificadas. La plataforma ofrecerá la enumeración digital automática, reemplazando el sistema manual actual, lo que reducirá retrasos y errores administrativos.
En cuanto a las audiencias virtuales, la propuesta establece que, una vez convocadas, se mantendrán en dicho formato hasta su celebración, salvo objeción de la parte adversa. El día de la audiencia, el tribunal decidirá lo procedente conforme a la normativa vigente.
Otra innovación incluida es la emisión de certificaciones digitales sobre el estatus de expedientes y constancias de no recurso. Además, los documentos firmados conforme a la ley y el reglamento contarán con un código QR de verificacióny un enlace seguro para comprobar su autenticidad e integridad.
Con estos cambios, la SCJ busca modernizar el acceso a la justicia y optimizar los trámites judiciales mediante la transformación digital, en línea con la Ley 339-22.
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